El objetivo del proyecto es entregar más transparencia a quienes realizan negocios en Chile, ya sea con el Estado o entre privados. 

El proyecto permitirá combatir la corrupción y el crimen organizado: 

• Prevendrá el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Evitará el uso indebido de figuras jurídicas para defraudar.  
• Colaborará con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
• Permitirá asegurar otras obligaciones legales como el pago de pensión de alimentos.

¿Pero, qué se entiende por un beneficiario final?

Una persona natural, chilena o extranjera, que posea directa o indirectamente una participación igual o superior al 10% del capital. 

De acuerdo a la moción ingresada a la cámara alta, los beneficiarios finales de las personas jurídicas estarán obligados a reportar información, con la excepción de las empresas públicas creadas por ley. 

 El Registro estará a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII), quién contará con un Consejo Consultivo formado por consejeros representantes de distintos órganos del Estado. 

Sanciones: 

Se establecen sanciones de multa e inhabilitaciones para acceder a recursos públicos por hasta 2 años para quienes no cumplan con la obligación de la entrega de información. Además en el caso de infracciones graves o reiteradas, se aplicará la inhabilitación de ejercer cargos de director o su equivalente en sociedades anónimas, en empresas del Estado y en personas jurídicas sin fines de lucro, por el plazo de hasta 5 años. 

Proyecciones: 

Finalmente el Registro de Beneficiarios finales servirá como herramienta para avanzar en programas de Gobierno como la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública; la Agenda de Modernización del Estado; y el tercer plan de acción 2023 - 2027 de la Estrategia contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva.