Después de varios requerimientos de la CPC ante el Tribunal Constitucional la iniciativa fue despachada y promulgada en el Diario Oficial. 

La iniciativa, que fue apoyada transversalmente por el Congreso, busca combatir la impunidad económica y el trato diferenciado de los delitos de tipo económico. 

La recién promulgada normativa establece cuatro categorías de delitos, para identificarlos como delitos económicos. La ley establece que, determinados delitos, por su naturaleza, deberán siempre ser considerados económicos, y otros delitos, en principio comunes, tendrán esa calidad cuando sean realizados por determinadas personas bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, también se hicieron modificaciones en la determinación de la pena, en especial con el cumplimiento sustitutivo del delito, su determinación y la multa. 

Además, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. De hecho, establece un párrafo denominado “atentados contra el medio ambiente”. Las penas para estos delitos pueden llegar, en los casos más graves, hasta el presidio mayor en su grado mínimo.

Por último, la ley realiza modificaciones de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ampliando el catálogo de delitos base que pueden dar lugar a responsabilidad por incumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión de la compañía.